Nicolini, la mujer del César y el gobierno

Entre 1955 y 1959 el país fue gobernado por el sector colorado de la lista 15, cuyo principal dirigente era Luis Batlle Berres. En ese gobierno, el escribano Ledo Arroyo Torres, una de las principales figuras del quincismo de entonces, fue ministro de Defensa Nacional. Un día, no recuerdo en cuál de esos años, se descubrió que en un avión de la Fuerza Aérea, que había salido en misión al exterior, se había ingresado al país, de contrabando, un cargamento de latas de palmitos. El escándalo fue mayúsculo y Arroyo Torres renunció a su cargo sin necesidad de que alguien se lo pidiese.

Era obvio que el ministro nada tenía que ver con el contrabando que, por otra parte, era de escaso valor. Pero, como jerarca máximo de la cartera, sintió que él era el responsable político por el desaguisado cometido por algunos oficiales de la Fuerza Aérea. Por otro lado, si en un llamado a sala, por cualquier motivo, una de las cámaras consideraba que las explicaciones de un ministro no eran satisfactorias, éste renunciaba inmediatamente, aunque no tenía la obligación constitucional de hacerlo. Esa era la sensibilidad política que, entonces, imperaba en el país.

Hoy, en cambio, un senador oficialista, con antecedentes como falsificador de documentos, obtiene un carnet de pobre, de esos que acreditan que no se tienen ingresos, se hace operar gratuitamente en un hospital estatal y, cuando la prensa pone al descubierto la indigna maniobra, se resiste a renunciar, a pesar de que su sector político se lo pide. Sería de desear que esta no fuese la sensibilidad política actual, sino que el de Leonardo Nicolini constituyese un caso aislado.

Lamentablemente no es así, y el filibusterismo político tiene ejemplares en todos los partidos, incluso en la izquierda que, desde siempre, se ha presentado como campeona de la honradez y la transparencia. En Mandonado, el intendente Oscar de los Santos se enfrenta a la Junta Departamental y al Tribunal de Cuentas que, con votos del propio Frente Amplio, piden la anulación de la multimillonaria concesión, otorgada a dedo, a la empresa Satenil. En el Ministerio de Transporte y Obras Públicas sigue cocinándose la construcción de un complejo hotelero y de navegación deportiva sobre un terreno que, se ha denunciado sin que nadie lo niegue, está embargado, y dos de cuyos promotores serían un empresario de dudosos antecedentes en sus relaciones con el Estado y un ex ministro colorado, del primer gobierno de Sanguinetti, que nunca se molestó en levantar varias versiones que ponían en duda su honestidad.

Tiene razón la senadora Lucía Topolanski cuando afirma que en política hay que aplicar aquella máxima referida a la mujer del César: no sólo hay que ser honesto, sino también parecerlo. Por eso, si el gobierno quiere mantener su credibilidad en una materia tan delicada, debe agotar todos los caminos para que Nicolini deje su banca y se vaya para su casa. O a la cárcel, si así lo dispone la investigación judicial en curso.

Hasta la próxima.