El diputado forista Germán Cardoso propuso crear una alcaldía y la figura de un alcalde para gobernar Punta del Este, con el argumento de que la burocracia comunal impide tomar rápidamente las decisiones que necesita el balneario. Es obvio que se trata de un burdo intento, que no prosperará, de quitarle a la Intendencia frenteamplista su principal fuente de recursos.
Pero el asunto que pone Cardoso sobre la mesa no deja de ser interesante referido a todo el país. El uruguayo debe de ser uno de los pocos estados que sólo tiene dos niveles gubernamentales. En todos los países que han superado la organización tribal hay por los menos tres: el nacional, el departamental, provincial o estatal (se usa incorrectamente el portuguesismo estadual) y el municipal. En algunos como España, Francia, Italia y Gran Bretaña hasta hay otro nivel, el regional, entre el nacional y el provincial.
En nuestro país sólo existen el primero y otro que es un híbrido entre gobierno departamental y municipio. Nada más lejos de la esencia de un gobierno municipal, o sea el que está muy próximo a la gente y administra y resuelve los problemas más cercanos, como transporte, iluminación, saneamiento, reparación de calles y recolección de residuos, que nuestro sistema. ¿Por qué estos temas en Paso de los Toros, por ejemplo, dependen de una autoridad que está a 100 kilómetros, en la capital departamental? Y no hablemos de Canelones o Colonia, departamentos donde numerosas ciudades y pueblos dependen de sus respectivas capitales.
En todo el mundo el municipio lo conforma un núcleo poblado con alrededor de un mínimo de 1.000 habitantes y el ámbito rural de su influencia. Esto, en Uruguay no existe. Las juntas locales no sólo son elegidas por el intendente, en su gran mayoría, sino que además el poder que tienen es muy escaso y para casi todo dependen de las intendencias. No son ni siquiera el embrión de un municipio. El ejemplo español ilustra acabadamente este tema de los niveles: España tiene alrededor de 50 provincias (el equivalente a nuestros departamentos) y más de 8.000 municipios.
Si algún día se hiciese una reforma constitucional en serio, y no sólo para resolver problemas electorales (ver artículo del 13 de este mes), éste sería uno de los temas que habría que abordar: establecer los tres niveles y dejar librada a la ley la creación de los municipios. Esto debería ir acompañado por la transferencia de atribuciones y de recursos financieros del gobierno central a los departamentales, y de éstos a los municipios.
Es obvio que esta reforma no puede implicar la creación de nuevos cargos públicos, sino una distribución de los actuales, ya muy numerosos, entre los tres niveles.
De esta manera los vecinos gozarían de la cercanía con la autoridad que atiende sus problemas cotidianos y más inmediatos, y la democracia saldría revitalizada. Y sería volver, casi dos siglos después, a una espléndida (por lo democrática) tradición municipal que legaron los españoles y los portugueses y que en América Latina sólo Uruguay no recogió.
Hasta la próxima.
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