El secreto como instrumento de gobierno

El sábado 24, en el suplemento Qué Pasa del diario El País, Gabriel Sosa presenta una muy interesante nota sobre las consecuencias de una lamentable y disparatada obra de la dictadura: el intento de desecar los bañados de Rocha a través del canal Andreoni que desemboca en la playa de La Coronilla. Ésta era una de las mejores playas oceánicas uruguayas, con un gran futuro tal como lo previeron quienes invirtieron en la zona y levantaron un importante complejo hotelero. Pero no contaron con los inefables dictadores uruguayos, que con su obra destruyeron la playa y condenaron a la pobreza a los habitantes del pequeño pueblo que de ella vivía.

Hay proyectos, que no terminan de cuajar, para volver las cosas a su lugar y recuperar a La Coronilla. El periodista quiso informar al respecto, y en nota aparte explica la odisea que debió sufrir por oficinas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y de su Dirección de Hidrografía. En síntesis, tras tenerlo como perro en cancha de bochas, mandándolo de una oficina a otra, las autoridades terminaron negándole la información. Sosa, entonces, armó el artículo central con testimonios de vecinos, documentos y el recuerdo de una historia más o menos conocida.

Es bastante común, lamentablemente, que a los periodistas (o a cualquier persona interesada en un tema) las autoridades le nieguen la información. Esto no es de ahora, sino que viene de bastante atrás. El secreto es la norma en los asuntos más simples y menos sensibles que uno pueda imaginar. Con él, la autoridad ejerce su poder y lo demuestra. Y con el secreto se crea una minúscula casta de "iniciados", de tipos que "están en la pomada", por un lado, mientras que detrás del mostrador está la masa a la que hay que mantener en la ignorancia para que no moleste.

¿Dónde están las tan mentadas transparencia y democracia participativa? No están, simplemente no están. En las dos legislaturas anteriores, el ex diputado Daniel Díaz Maynard presentó un proyecto de habeas data, o sea la acción dirigida a garantizar el principio de publicidad, que autoriza a cualquier persona a solicitar información y obliga a la autoridad a proporcionarla. El ex legislador frenteamplista no tuvo suerte, pero en cambio se sancionó la ley 17.838, del 24 de setiembre de 2004, que estableció el habeas data para los informes comerciales. En resumen, sólo se permite al ciudadano requerir la información económica y financiera que se refiere a sí mismo, pero no se garantiza el acceso a la información relativa al Estado y a las empresas que contratan con él o son beneficiarias de concesiones, ni a los planes y documentos que existan con referencia a cualquier problema de interés público.

En una democracia madura y sólida, en la que hay conciencia que los gobernantes y los funcionarios son los empleados de todos nosotros, los únicos secretos admisibles son los relativos a la defensa nacional y las relaciones exteriores, pero únicamente a los efectos de no exponer al país ante un eventual enemigo y de no entorpecer negociaciones que estén en curso. Cuando esto no ocurra, ni esos temas deberían ser secretos.

Que esto no se entienda, o no se quiera entender, es la causa de la tormentosa relación entre los periodistas y el poder, sea éste del pelo que sea.

Cuando triunfó el Frente Amplio pensé que el proyecto de Díaz Maynard sería reflotado, pero hasta ahora no ha pasado nada. ¿No será que el habeas data sirve cuando se es oposición, pero no cuando se es gobierno? Si se piensa que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas se niega a informar sobre sus proyectos para recuperar una playa, como si se tratase de un tema militar en el que le va la vida al país, la respuesta a esa pregunta es obvia.

Hasta la próxima.