El presidente Tabaré Vázquez hizo suyo y envió al Parlamento un proyecto de ley redactado por el diputado colorado Daniel García Pintos, destinado a compensar económicamente a familiares de militares, policías y civiles víctimas de las acciones guerrilleras ocurridas en las décadas de 1960 y 1970. El objetivo es plausible: contribuir a una definitiva pacificación de los espíritus.
La iniciativa, sin embargo, equipara la violencia de la represión estatal con la violencia de los insurgentes, y eso constituye una peligrosa confusión, casi una falacia verbo-ideológica, como enseñaba Vaz Ferreira.
Desde los puntos de vista ético y jurídco ambas violencias no son iguales. La de los guerrilleros, al margen de los argumentos políticos que manejaban, significó una violación del Código Penal y como tal, en el plano estricto del derecho, demandaba ser combatida por el poder del Estado con los medios legales y constitucionales.
Pero la violencia del Estado uruguayo, en una democracia deteriorada bajo Pacheco Areco y Bordaberry hasta junio de 1973, y en dictadura sin tapujos después, sobrepasó largamente los límites jurídicos. El Estado, entonces, se transformó en delincuente mediante torturas, asesinatos y desapariciones. Y usó, para delinquir, los recursos y las armas que le habían confiado los ciudadanos.
En 1976 o 1977, organizaciones sociales pidieron al dictador argentino Carlos Rafael Videla que respetase los derechos humanos. Muy suelto de cuerpo respondió con una pregunta: ¿por qué no se exige lo mismo a los guerrilleros que roban, secuestran y matan? O sea, justificaba los robos, secuestros y asesinatos de su gobierno en acciones similares de simples particulares. La solución era la ley del Talión. Si ellos delinquen, yo también puedo hacerlo, estaba diciendo el dictador.
La solución de Videla implicaba una deliberada y criminal confusión destinada a someter a todo el pueblo argentino, a guerrilleros y a pacíficos ciudadanos por igual. Eso es inadmisible: la violencia del Estado sólo puede ser ejercida, para combatir a los delincuentes, dentro del marco jurídico.
No me opongo a que se repare a familiares de militares, policías y civiles víctimas de la guerrilla, sobre todo si quedaron en difícil situación económica. Pero lo que no cabe aceptar es que se meta a los dos tipos de violencia en la misma bolsa. Aceptarlo sería justificar que el Estado robe, secuestre y mate al margen de toda norma ética y jurídica. Y eso es muy peligroso, como bien lo sabemos los habitantes del Cono Sur.
Hasta la próxima.
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