El secreto como instrumento de gobierno

El sábado 24, en el suplemento Qué Pasa del diario El País, Gabriel Sosa presenta una muy interesante nota sobre las consecuencias de una lamentable y disparatada obra de la dictadura: el intento de desecar los bañados de Rocha a través del canal Andreoni que desemboca en la playa de La Coronilla. Ésta era una de las mejores playas oceánicas uruguayas, con un gran futuro tal como lo previeron quienes invirtieron en la zona y levantaron un importante complejo hotelero. Pero no contaron con los inefables dictadores uruguayos, que con su obra destruyeron la playa y condenaron a la pobreza a los habitantes del pequeño pueblo que de ella vivía.

Hay proyectos, que no terminan de cuajar, para volver las cosas a su lugar y recuperar a La Coronilla. El periodista quiso informar al respecto, y en nota aparte explica la odisea que debió sufrir por oficinas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y de su Dirección de Hidrografía. En síntesis, tras tenerlo como perro en cancha de bochas, mandándolo de una oficina a otra, las autoridades terminaron negándole la información. Sosa, entonces, armó el artículo central con testimonios de vecinos, documentos y el recuerdo de una historia más o menos conocida.

Es bastante común, lamentablemente, que a los periodistas (o a cualquier persona interesada en un tema) las autoridades le nieguen la información. Esto no es de ahora, sino que viene de bastante atrás. El secreto es la norma en los asuntos más simples y menos sensibles que uno pueda imaginar. Con él, la autoridad ejerce su poder y lo demuestra. Y con el secreto se crea una minúscula casta de "iniciados", de tipos que "están en la pomada", por un lado, mientras que detrás del mostrador está la masa a la que hay que mantener en la ignorancia para que no moleste.

¿Dónde están las tan mentadas transparencia y democracia participativa? No están, simplemente no están. En las dos legislaturas anteriores, el ex diputado Daniel Díaz Maynard presentó un proyecto de habeas data, o sea la acción dirigida a garantizar el principio de publicidad, que autoriza a cualquier persona a solicitar información y obliga a la autoridad a proporcionarla. El ex legislador frenteamplista no tuvo suerte, pero en cambio se sancionó la ley 17.838, del 24 de setiembre de 2004, que estableció el habeas data para los informes comerciales. En resumen, sólo se permite al ciudadano requerir la información económica y financiera que se refiere a sí mismo, pero no se garantiza el acceso a la información relativa al Estado y a las empresas que contratan con él o son beneficiarias de concesiones, ni a los planes y documentos que existan con referencia a cualquier problema de interés público.

En una democracia madura y sólida, en la que hay conciencia que los gobernantes y los funcionarios son los empleados de todos nosotros, los únicos secretos admisibles son los relativos a la defensa nacional y las relaciones exteriores, pero únicamente a los efectos de no exponer al país ante un eventual enemigo y de no entorpecer negociaciones que estén en curso. Cuando esto no ocurra, ni esos temas deberían ser secretos.

Que esto no se entienda, o no se quiera entender, es la causa de la tormentosa relación entre los periodistas y el poder, sea éste del pelo que sea.

Cuando triunfó el Frente Amplio pensé que el proyecto de Díaz Maynard sería reflotado, pero hasta ahora no ha pasado nada. ¿No será que el habeas data sirve cuando se es oposición, pero no cuando se es gobierno? Si se piensa que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas se niega a informar sobre sus proyectos para recuperar una playa, como si se tratase de un tema militar en el que le va la vida al país, la respuesta a esa pregunta es obvia.

Hasta la próxima.

Una simple sugerencia

Faltan tres días para el 1º de marzo, fecha en la que se cumplirán dos años de la asunción del primer gobierno de izquierda. El tiempo que transcurra hasta diciembre será clave para concretar las reformas cuyos anuncios fueron, en buena medida, la causa del triunfo electoral del Frente Amplio: del Estado, de la salud y de la educación, entre otras.

Es más que notorio que el accionar del gobierno está trabado en estos y otros temas fundamentales por las discrepancias existentes en la coalición de izquierda. Las actividades del Poder Ejecutivo y del Parlamento corren el riesgo de paralizarse si persiste esta situación que, ya lo advirtió el senador Enrique Rubio, de la Vertiente Artiguista, hace peligrar un nuevo triunfo del Frente Amplio en 2009.

En otros países, cuando se celebran fechas significativas en la gestión de un gobierno, o cuando hay diferencias entre los ministros, los miembros del gabinete, colectivamente, suelen poner sus cargos a disposición del presidente para que éste se sienta con total libertad y pueda hacer los cambios que estime convenientes. En Uruguay se dan las dos circunstancias al mismo tiempo.

Seguramente todos los secretarios de Estado quieren lo mejor para el país y su gobierno, y son conscientes de que así no se puede seguir. Entonces, es pertinente pedirles que, colectivamente o cada uno individualmente, pongan su cargo a disposición del presidente. Es una simple sugerencia de un simple ciudadano muy preocupado por la marcha del país.

Hasta la próxima.

Municipalizar a Uruguay

El diputado forista Germán Cardoso propuso crear una alcaldía y la figura de un alcalde para gobernar Punta del Este, con el argumento de que la burocracia comunal impide tomar rápidamente las decisiones que necesita el balneario. Es obvio que se trata de un burdo intento, que no prosperará, de quitarle a la Intendencia frenteamplista su principal fuente de recursos.

Pero el asunto que pone Cardoso sobre la mesa no deja de ser interesante referido a todo el país. El uruguayo debe de ser uno de los pocos estados que sólo tiene dos niveles gubernamentales. En todos los países que han superado la organización tribal hay por los menos tres: el nacional, el departamental, provincial o estatal (se usa incorrectamente el portuguesismo estadual) y el municipal. En algunos como España, Francia, Italia y Gran Bretaña hasta hay otro nivel, el regional, entre el nacional y el provincial.

En nuestro país sólo existen el primero y otro que es un híbrido entre gobierno departamental y municipio. Nada más lejos de la esencia de un gobierno municipal, o sea el que está muy próximo a la gente y administra y resuelve los problemas más cercanos, como transporte, iluminación, saneamiento, reparación de calles y recolección de residuos, que nuestro sistema. ¿Por qué estos temas en Paso de los Toros, por ejemplo, dependen de una autoridad que está a 100 kilómetros, en la capital departamental? Y no hablemos de Canelones o Colonia, departamentos donde numerosas ciudades y pueblos dependen de sus respectivas capitales.

En todo el mundo el municipio lo conforma un núcleo poblado con alrededor de un mínimo de 1.000 habitantes y el ámbito rural de su influencia. Esto, en Uruguay no existe. Las juntas locales no sólo son elegidas por el intendente, en su gran mayoría, sino que además el poder que tienen es muy escaso y para casi todo dependen de las intendencias. No son ni siquiera el embrión de un municipio. El ejemplo español ilustra acabadamente este tema de los niveles: España tiene alrededor de 50 provincias (el equivalente a nuestros departamentos) y más de 8.000 municipios.

Si algún día se hiciese una reforma constitucional en serio, y no sólo para resolver problemas electorales (ver artículo del 13 de este mes), éste sería uno de los temas que habría que abordar: establecer los tres niveles y dejar librada a la ley la creación de los municipios. Esto debería ir acompañado por la transferencia de atribuciones y de recursos financieros del gobierno central a los departamentales, y de éstos a los municipios.

Es obvio que esta reforma no puede implicar la creación de nuevos cargos públicos, sino una distribución de los actuales, ya muy numerosos, entre los tres niveles.

De esta manera los vecinos gozarían de la cercanía con la autoridad que atiende sus problemas cotidianos y más inmediatos, y la democracia saldría revitalizada. Y sería volver, casi dos siglos después, a una espléndida (por lo democrática) tradición municipal que legaron los españoles y los portugueses y que en América Latina sólo Uruguay no recogió.

Hasta la próxima.

La hipocresía de algunos y las tonterías nuestras

En su edición de hoy, el diario Folha de San Pablo informa que en el próximo encuentro entre George W. Bush y Lula, el 9 de marzo, el brasileño planteará al "execrable" genocida (Marina Arismendi dixit, y con razón, lástima que se olvide que es ministra del gobierno que invitó al yanqui) un acuerdo bilateral para que Estados Unidos abra su mercado a la producción brasileña de etanol. Brasil espera convertirse en poco tiempo en uno de los mayores fabricantes de biocombustibles del mundo y vender sus saldos exportables al mismo Estados Unidos, Europa y Japón. Para eso está en marcha la creación de una empresa subsidiaria de Petrobras que se encargará de comprar a compañías privadas etanol y biodiesel, para después distribuirlos en los mercados interno y externo.

Además, Lula procurará acuerdos para facilitar el ingreso a Estados Unidos de una amplia gama de productos. Las negociaciones en torno a estos temas están tan adelantadas, que el presidente brasileño volverá a encontrarse con Bush el 31 de marzo en Washington. Dos reuniones en tres semanas. Algo nada usual, por cierto, pero muy significativo respecto a la importancia de lo que se está cocinando.

Esto sugiere un par de reflexiones. La primera, referida a la hipocresía de nuestros socios del Mercosur. A Uruguay se le ponen enormes trabas, o directamente impedimentos, para que pueda conquistar nuevos mercados, pero Brasil y Argentina negocian con cualquiera sin la mínima consulta a los otros miembros del bloque.

La segunda, tiene que ver con nosotros. Mientras discutimos si Bush sí o Bush no, el mundo camina por otros carriles. Cuando nos demos cuenta que un país pequeño como Uruguay no puede darse el lujo de confundir comercio con ideología, todo empezará a andar mejor. Ese lujo se lo pueden dar los grandes con los chicos, como hace Estados Unidos con Cuba. Pero los grandes no confunden comercio con ideología cuando la confusión afecta sus intereses. Eso explica las alianzas privilegiadas de Washingon con países que representan todo lo contrario a lo que Estados Unidos dice defender; por ejemplo, Arabia Saudí, las dictaduras del Cáucaso y el régimen nada democrático de Marruecos. Y también explica por qué Estados Unidos y Venezuela no han roto sus relaciones diplomáticas, a pesar de los insultos de Chávez a Bush. Ocurre que ambos países se necesitan mutuamente.

Puede ser que algún día los uruguayos dejemos de hacer el tonto.

Hasta la próxima.

Reelección presidencial no es igual a reelección del presidente... actual

Todas las reformas constitucionales uruguayas, excepto la de 1917, rondaron en torno a asuntos electorales con la intención de asegurar la predominancia de los partidos tradicionales o de sectores de ellos. La última, la de 1996, impuso el balotaje para evitar el triunfo del Frente Amplio. La verdad fue que apenas lo postergó hasta 2004. El balotaje, en sí mismo y en teoría, no es malo en un país con más de dos partidos fuertes, pues obliga a formar coaliciones y a ajustar programas comunes que aseguren la gobernabilidad.

Ahora hay sectores frenteamplistas que quieren una reforma para promover la reelección de Tabaré Vázquez. La reelección presidencial, como sistema y al margen de nombres, es algo que nunca se ha debatido con seriedad en el país. Es un tema pendiente y quizá sea hora de discutirlo. A pesar de que hay asuntos más urgentes...

Los fundamentos por los cuales se prohibió un segundo mandato consecutivo desde la Constitución de 1830, referidos a evitar que el poder presidencial influya en la elección, ya no tienen vigencia. La ciudadanía ha demostrado que si quiere cambiar el partido de gobierno lo hace con total independencia. De todas formas, soy partidario de la no reelección, como forma de privilegiar el accionar colectivo de los partidos, por encima de circunstanciales caudillos. Pero si la gente quiere segundos mandatos de los presidentes, no veo mayores problemas: es un tema menor a esta altura de la historia.

Lo que sí no acepto es que una reforma constitucional tenga nombre y apellido. Que se debata, entonces, pero con la condición de que si se aprueba la reelección el presidente del momento, hoy Tabaré Vázquez, no pueda ser candidato en la siguiente elección.

Además, podría ser la ocasión de hacer una reforma de la carta fundamental en serio y que sirva para todo un siglo: menos casuística y dejando muchos temas relativos a la organización del Estado, que hoy son constitucionales, para que se aprueben por ley, si se quiere con moyorías especiales. O sea, un texto más flexible y breve que permita seguir la vertiginosa evolución del mundo actual, sin necesidad de toquetearlo cada pocos años. Y sin que la reforma sirva para resolver problemas coyunturales de cualquier partido. Una Constitución es algo demasiado importante y no puede ser un instrumento de política menor o partidaria.

Hasta la próxima.

Una polarización indeseable

Cabe pedir disculpas: en el artículo anterior, sobre la base de las primeras versiones de prensa, se afirmaba que Bush sólo visitaría Uruguay, aunque el viaje podría extenderse a Chile. Antes de escribir se debió consultar la página web de la Presidencia, en la que se informa que Bush realizará una gira por México, Guatemala, Colombia, Brasil y Uruguay.

Con esta precisión oficial, las hipótesis en torno a por qué viene Bush a Uruguay, mejor dicho a América del Sur, se reducen a una: Venezuela. Ante el progresivo agravamiento de las relaciones entre Estados Unidos y el gobierno de Hugo Chávez, el inquilino de la Casa Blanca no perderá la oportunidad de intentar una erosión en los vínculos que mantienen Brasil y Uruguay con Caracas. Hallará terreno fértil, porque Lula está cada vez más molesto con Chávez, tanto por su respaldo a medidas de Evo Morales que perjudican a Brasil, como por no compartir su proyecto político para el Mercosur. En el caso uruguayo, es muy claro que Tabaré Vázquez se ha distanciado del estilo avasallante -por momentos de una insólita grosería disfrazada de sinceridad- de Chávez. Además, la chequera del venezolano no acompaña la generosidad que anuncian sus discursos. Lo saben bien PLUNA y los una y otra vez postergados planes respecto a la refinería de ANCAP.

Bush, sin duda, pedirá a Lula y a Tabaré prudencia en las relaciones con Chávez y, quizás, hasta un enfriamiento de las mismas. Las contrapartidas para Brasil serán un nuevo impulso comercial (Lula avanza, aunque con gran discreción, hacia una especie de tratado de libre comercio con Estados Unidos) y hacia una alianza con ese país, de gigantescas perspectivas, en el sector de los biocombustibles.

A Uruguay, Bush ofrecerá inversiones, mejoras en el relacionamiento comercial (ya se habla de mayores cuotas para ciertos cortes de carne) y un aumento de la llamada ayuda estadounidense. En este sentido, ayer la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, dijo ante el Congreso que se incrementarán los montos de esa ayuda a Uruguay y otros países latinoamericanos.

Que Argentina quede de lado en la gira confirma que el viaje de Bush apunta a Venezuela. El estadouniense sabe que con Kirchner no puede contar: Chávez ha comprado una buena cantidad de bonos argentinos, lo cual sirvió para aliviar las finanzas del país vecino, y ha realizado importantes inversiones en Argentina. Por otro lado, hoy Kirchner se puso firme ante la presión de Washington contra las reticencias de la Cosa Rosada a vender a un fondo de inversión esadounidense una empresa de electricidad.

La visita a Colombia completa el panorama. Esta nación es vital para tender un cerco en torno a Chávez, y las diferencias entre éste y Álvaro Uribe son notorias. Además, la presencia militar estadounidense en Colombia, con la excusa del combate al narcotráfico, es muy importante. La visita de Bush a Bogotá servirá para recordarle a Chávez ese factor.

Lo preocupante de todo esto es la polarización en la que puede caer América del Sur. Sería lamentable que las únicas opciones fuesen el genocida y destructor del derecho internacional llamado George W. Bush, o el populista, autoritario y nuevo rico llamado Hugo Chávez. Otro camino, que no tiene por qué ser el del medio, debe haber. Bachelet, Lula y Vázquez son los que están en mejores condiciones de descubrirlo.

La preguna del millón: ¿A qué viene Bush?

Saber y comprender por qué George W. Bush decidió visitar Uruguay puede ser un excelente ejercicio de política-ficción, capaz de poner a prueba la sagacidad de todos los analistas políticos. Que haya resuelto venir como respuesta a la invitación protocolar y de estilo que le formuló Tabaré Vázquez cuando estuvo en Washington, en mayo pasado, no lo cree nadie. Por otro lado, importa saber qué piensa nuestro presidente, porque es obvio que si no juzgase conveniente la visita la habría evitado a través de discretos canales diplomáticos, o con la diplomacia de hacha y fierro que suele gastar el canciller Gargano.

Vamos a ensayar algunas hipótesis.

1) Bush quiere meter una cuña en el Mercosur y complicarlo más de lo que está. Aunque le gustaría, eso no es probable en estos momentos. A Estados Unidos, ahora, no le conviene que Brasil se enoje. El gobierno de Lula ya empezó a emitir señales de que quiere acuerdos comerciales con la potencia del norte (a pesar de que, al menos de palabra, no acepta que Uruguay los concrete), y al mismo tiempo empezó a negociar con Washington una alianza para coordinar la producción de biocombustibles, una de las actividades prioritarias y estratégicas en los planes de ambos países.

2) Bush busca alianzas para frenar o aislar a la Venezuela de Chávez. Tampoco es muy factible esta idea. Si así fuese, también iría a Brasil, donde Lula está cada día más molesto con el líder caribeño, y a Paraguay, país gobernado por el moderado Nicanor Duarte. Pero no, Mr. Danger, como lo llama Chávez, no vendrá en gira por estos países, sino que sólo llegará a Uruguay, o apenas extendería su viaje a Chile. ¿Qué poder tiene Uruguay para frenar a Chávez? Claro, en la mentalidad de Bush quizás esto sea posible.

3) Si también va a Chile, podría pensarse que intenta fortalecer una eventual alianza entre esa nación y Uruguay, como lo pretenden varios gobernantes locales, con el ministro Astori a la cabeza. Con su conocida simpleza política, podría aspirar a aplicar aquello de divide y vencerás. Si fuese esto, Bush confirmaría que de América Latina y de diplomacia no entiende nada. Porque es innecesario destacar que su presencia en Uruguay y Chile creará serios problemas en la interna de ambos gobiernos de izquierda. Ese posible propósito puede intentarlo por las vías diplomáticas, sin viajar y sin provocar las manifestaciones contrarias a su persona y a su política que, sin duda, se originarán. Y Vázquez y Bachelet, por otra parte, le harían ver las inconveniencias del viaje.

4) ¿Una visita con olor a petróleo y gas? Sería una muestra de inteligente previsión por parte de petroleros como Bush y su secretaria de Estado, Condoleezza Rice. Porque justo en estos días Uruguay comienza a explorar su plataforma marítima, donde -según anunció Vázquez el año pasado- hay un gran yacimiento de gas. Y donde hay gas, por lo general hay petróleo. ¿Por anteriores estudios o por sofisticadas técnicas de espionaje satelital sabe Bush que tenemos buenas reservas de hidrocarburos? ¿Quiere acuerdos de abastecimiento ya, obviamente a través de empresas estadounidenses, a pesar de que pueden pasar varios años antes de que se extraiga el primer metro cúbico de gas y el primer barril de petróleo? Hombre previsor vale por dos, lo cual en este caso es espantoso, porque si un solo Bush ya es insoportable, dos serían algo de terror...

5) Viene para promover el Tratado de Libre Comercio entre ambos países. Es lo menos creíble, estando tan frescas las resistencias y dudas que el modesto TIFA provocó en el partido de gobierno. Vázquez no lo consentiría, no porque esté en desacuerdo, sino por el lío que se le armaría con el Frente Amplio.

6) Llega a Uruguay por una misteriosa razón que nadie, aún, es capaz de imaginar.

Quizás las cosas sean más simples, y George W. sólo quiere confirmar, por sí mismo, lo emocionante que es pescar dorados en la represa de Palmar, tal como se lo contó Tabaré en su visita de mayo a Washington. Los medios deberían destacar periodistas a Palmar para que investiguen si no hay buzos de la Armada practicando el enganche de dorados en los anzuelos de pescadores situados en la costa o en embarcaciones algo alejadas. Como hacían los adulones de Franco cuando éste iba a pescar.

Hasta la próxima.

Llegó a su fin el ciclo de María Julia Muñoz

La ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, ha terminado su ciclo. El desgaste político y funcional al que ha sido sometida en estos dos años no tiene parangón en este gobierno. La erosión que ha sufrido es superior a la del canciller Reinaldo Gargano, y eso ya es mucho decir. La secretaría de Estado en la que el Frente Amplio basa una de sus más ambiciosas y necesarias reformas, la de la salud, se ha quedado sin timonel.

La semana pasada, la situación de Muñoz ya era muy comprometida. Y esto venía de larga data. Sus enfrentamientos con los médicos y los sindicatos de funcionarios la tienen jaqueada por los cuatro costados. No sé qué grado de responsabilidad política y funcional le cabe en esta situación, puesto que era más que previsible que cualquier intento de transformar las estructuras sanitarias del país chocaría muy duramente con los beneficiarios del actual statu quo. Ni el empresariado médico, ni algunas mutualistas, ni los funcionarios aceptarán pacíficamente reformas que toquen las ventajas o los beneficios de que gozan ahora. Tampoco las aceptarán los sectores gremiales de extrema izquierda que luchan por el control total de la salud por el Estado, así como por un igualitarismo al que pretenden imponer por métodos que -¡vaya paradoja!- sólo garantizan que nada cambie.

A esta situación trabada, sin posibilidades de salida para los propósitos reformistas, se sumó el caso Nicolini. Los servicios del Ministerio de Salud Pública, que Muñoz dirige y de los cuales es responsable política, le otorgaron al senador su ya famoso carné de pobre.

Décadas atrás -y me remito al artículo anterior referido al ejemplo del ex ministro de Defensa Nacional Ledo Arroyo Torres-, las sensibilidad política que imperaba hubiese impuesto la renuncia inmediata de la ministra Muñoz. Este caso es, por cierto, mucho más grave que el contrabando de unas latas de palmitos; sobre todo, desde el punto de vista de la honestidad que debe adornar a los gobernantes.

No dispongo de información acerca de las aptitudes de Muñoz para el cargo de ministra de Salud Pública. Doy por bueno que son excelentes. Pero la situación la ha sobrepasado. Ya no controla el funcionamiento de su ministerio y está enfrentada con todos los sectores vinculados a la salud. Por eso, debe renunciar. Para que soplen nuevos vientos y se intente destrabar el actual estado de cosas. Dicho sea en su honor, enfrentó a uno de los poderes fácticos más importantes de este país. Pero en esa batalla, la primera de una guerra que será dura, se desgastó hasta límites políticamente inconcebibles.

Pero ojo: quien venga enfrentará los mismos problemas e iguales intentos corporativistas para que nada cambie. Y si esos intereses creen conveniente hacer del ministerio un caos para conseguir sus propósitos, que nadie dude que lo intentarán.

En la cartera de Salud Pública, más que en ninguna otra, están dadas las condiciones para que los cambios de ministro sean frecuentes. El gobierno debe tenerlo en cuenta y arropar a ese ministerio si quiere llevar adelante cambios que, además de ser beneficiosos para la población, quiebren el corporativismo de los médicos y el de los funcionarios.

Hasta la próxima.

Nicolini, la mujer del César y el gobierno

Entre 1955 y 1959 el país fue gobernado por el sector colorado de la lista 15, cuyo principal dirigente era Luis Batlle Berres. En ese gobierno, el escribano Ledo Arroyo Torres, una de las principales figuras del quincismo de entonces, fue ministro de Defensa Nacional. Un día, no recuerdo en cuál de esos años, se descubrió que en un avión de la Fuerza Aérea, que había salido en misión al exterior, se había ingresado al país, de contrabando, un cargamento de latas de palmitos. El escándalo fue mayúsculo y Arroyo Torres renunció a su cargo sin necesidad de que alguien se lo pidiese.

Era obvio que el ministro nada tenía que ver con el contrabando que, por otra parte, era de escaso valor. Pero, como jerarca máximo de la cartera, sintió que él era el responsable político por el desaguisado cometido por algunos oficiales de la Fuerza Aérea. Por otro lado, si en un llamado a sala, por cualquier motivo, una de las cámaras consideraba que las explicaciones de un ministro no eran satisfactorias, éste renunciaba inmediatamente, aunque no tenía la obligación constitucional de hacerlo. Esa era la sensibilidad política que, entonces, imperaba en el país.

Hoy, en cambio, un senador oficialista, con antecedentes como falsificador de documentos, obtiene un carnet de pobre, de esos que acreditan que no se tienen ingresos, se hace operar gratuitamente en un hospital estatal y, cuando la prensa pone al descubierto la indigna maniobra, se resiste a renunciar, a pesar de que su sector político se lo pide. Sería de desear que esta no fuese la sensibilidad política actual, sino que el de Leonardo Nicolini constituyese un caso aislado.

Lamentablemente no es así, y el filibusterismo político tiene ejemplares en todos los partidos, incluso en la izquierda que, desde siempre, se ha presentado como campeona de la honradez y la transparencia. En Mandonado, el intendente Oscar de los Santos se enfrenta a la Junta Departamental y al Tribunal de Cuentas que, con votos del propio Frente Amplio, piden la anulación de la multimillonaria concesión, otorgada a dedo, a la empresa Satenil. En el Ministerio de Transporte y Obras Públicas sigue cocinándose la construcción de un complejo hotelero y de navegación deportiva sobre un terreno que, se ha denunciado sin que nadie lo niegue, está embargado, y dos de cuyos promotores serían un empresario de dudosos antecedentes en sus relaciones con el Estado y un ex ministro colorado, del primer gobierno de Sanguinetti, que nunca se molestó en levantar varias versiones que ponían en duda su honestidad.

Tiene razón la senadora Lucía Topolanski cuando afirma que en política hay que aplicar aquella máxima referida a la mujer del César: no sólo hay que ser honesto, sino también parecerlo. Por eso, si el gobierno quiere mantener su credibilidad en una materia tan delicada, debe agotar todos los caminos para que Nicolini deje su banca y se vaya para su casa. O a la cárcel, si así lo dispone la investigación judicial en curso.

Hasta la próxima.